APRUEBA CONGRESO REFORMAS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



* Adecuaciones contemplan espacios y accesos a favor de este sector

El Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Obras Públicas del Estado con la finalidad de que las dependencias cuenten con rampas y espacios públicos que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad, motivando con ello que los accesos y vialidades tengan un acceso total, sin restricciones a este sector de la población.

Lo anterior una vez que la Comisión de Desarrollo Urbano analizó las tres iniciativas que presentaron los diputados Eduardo Solís Nogueira, Arturo Kampfner Díaz, Iván Gurrola Vega, Juan Avalos Méndez, Anavel Fernández Martínez, Julio Ramírez Fernández, Pablo Aguilar Palacio y Raúl Vargas Martínez.

En este sentido, los legisladores consideración necesario adecuar el artículo primero la Ley de Obras Públicas del Estado y agregar una fracción quinta, para que la legislación secundaria este acorde con los que plasma la nueva Constitución Política del Estado.

Cabe destacar que la planeación del desarrollo se encuentra vinculada en forma necesaria al establecimiento de políticas públicas que impulsen el desarrollo regional, por lo que es indispensable que la proyección de la inversión pública destinada a los programas estratégicos en acciones y obras de infraestructura favorezcan a todos los sectores de la sociedad.

De manera específica se busca promover programas de adecuación arquitectónica que favorezcan la inclusión total a las vías y espacios públicos y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 40 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de obra pública.

Por ello, las reformas son de suma importancia para este sector de la sociedad, para establecer que la contratación y realización de obras públicas; las dependencias, entidades y ayuntamientos, deberán contemplar espacios de accesos a personas con discapacidad.

Cabe destacar que la obra pública debe de ir encaminada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro Estado, ejecutándola con altos estándares de calidad y ejerciendo los recursos de manera eficiente y transparente dentro de la legalidad, pensando en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en las personas con discapacidad.