Las reformas y adiciones a la Ley de Transportes para el Estado tienen como finalidad garantizar que todos los conductores del servicio público tengan seguridad social al ser un derecho Constitucional, estableciendo sanciones a quienes no cumplan con ello, que podría ser la revocación de la concesión respectiva, señaló la diputada Gina Gerardina Campuzano González.
Comentó que ante el crecimiento del parque vehicular en el Estado, es necesario que el marco legal que regula el transporte sea actualizado para poder brindarles tanto al usuario, peatón, automovilistas, concesionarios y permisionarios la prevención y el bienestar, dando seguridad dentro de la jurisdicción del Estado, por lo que los diputados del PAN y PRD presentaron la iniciativa de reformas a la ley en la materia.
La legisladora destacó que uno de los problemas en el Transporte Publico de nuestro Estado y que no se puede dejar de observar es que los trabajadores del servicio público diariamente atraviesan por largas jornadas de trabajo entre 10 y 12 horas, ingresos inestables y ausencia de seguridad social, lo anterior sumado a la falta de comprensión por parte de la ciudadanía.
De esta manera, Campuzano González explicó que los concesionarios solo podrán operar solamente aquellos vehículos que cuenten y porten con copia de póliza del seguro vigente en los términos de la ley de la materia, para responder de los daños y perjuicios que, con motivo de la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios, peatones, conductores de otros vehículos y demás terceros, tanto en su persona como en su patrimonio;
Además de proporcionar a sus conductores, conforme al contenido autorizado por la Dirección capacitación de calidad para la adecuada prestación del servicio público en términos de la presente Ley y su reglamento; así como las prestaciones laborales y la cobertura de seguridad social que establece la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables
Cuando se preste el servicio sin esta cubierto por la póliza vigente del seguro respectivo o el concesionario o permisionario emplee para la prestación del servicio, operadores que no cuenten con prestaciones laborales ni cobertura de seguridad social, conforme a las leyes de la materia, se procederá a revocar la concesión.
En ese sentido, destacó que un elemento consecutivo de la vida urbana es el transporte público; por lo que su mejoramiento constituye a elevar la calidad de vida de la población, ya que su deterioro constituye un rector de degradación que deban pagar todos los ciudadanos en mayor o menor medida.
Por esta razón, consideró preocupante constatar que los problemas del transporte urbano en las ciudad capital, así como en otras ciudades se han agudizado en los últimos tiempos, sobre todo por el resultado de un crecimiento urbano desorganizado, de un espacio rápido e inusitado de la propiedad, uso del automóvil y el cumplimiento de derechos laborales de una gran grupo de trabajadores del servicio público en la entidad.
